En relación a los procedimientos administrativos que hemos tenido que iniciar para defender los derechos de nuestros hijos, hemos percibido un interés por parte de la Administración Educativa en buscar el desistimiento de los padres a iniciar o continuar dicho proceso.
Por un lado poniendo obstáculos como negativas a recoger las instancias de los padres, impidiendo el inicio del procedimiento.
Por otro lado, negándose a informar de lo solicitado en las instancias (las actividades escolares), mediante un escrito de contestación vergonzoso dictado ad hoc por la Consejería de Educación, a los directores de los Centros Escolares, para su remisión a los padres que habían solicitado el Pin Parental negándoles sus derechos. Es de reseñar que dicha contestación, tampoco guarda ninguno de los formalismos que requiere la Ley de Procedimiento Administrativo para la resolución de instancias, ni siquiera hace alusión a ser una «resolución», sino que se limita a «informar» a los padres de que no tienen opciones para ser informados como demandan ni de que se contemple posibilidad alguna de que sus hijos se puedan ausentar de forma voluntaria a actividades complementarias de carácter controvertido. Esto mismo también lo comenta Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos en la reciente rueda de prensa dada junto con Los Niños Son Intocables (minuto 36:52 ó -6:55)
Además exponemos la cansada experiencia de un padre al respecto:
“A mí me recogieron sin problema la instancia solicitando la información de las actividades complementarias y la autorización mía para las mismas. Como el año pasado, sin problemas. Posteriormente me llamaron de la dirección del colegio para entregarme la contestación a mi escrito, dictada por la Consejería de Educación, según me informó la directora del centro escolar. Después de leer la misma, y en vista de que no habían contestado a mi requerimiento de información sobre las actividades escolares, a los dos días fui al colegio para que me dieran una copia del PGA, para su estudio. Me dijeron que la tenía a mi disposición en el centro, pero que no podía sacarla de allí. Les comenté que me parecía increíble que en pleno S.XXI no me dieran una copia digital y que tuviera que copiarla allí mismo a bolígrafo. El secretario me dijo que preguntaría a la Inspección si era posible. Yo entiendo y así se lo hice saber, que él es un profesor, no un administrativo, y que no espero de él que sepa todas las leyes. No tengo queja alguna de la dirección o la secretaría de mi colegio, tenemos muy buena relación, y se han preocupado por resolver el problema. Una semana después, me llamó para informarme que le habían contestado de Inspección, y que autorizaban que tuviera una fotocopia del PGA, a 10 céntimos la fotocopia según baremo de tasas públicas. Le expresé mi incredulidad, ya que no quería fotocopias, quería una copia digital, en un lápiz de memoria. A esas alturas ya tenía leída la legislación sobre el tema (Acceso Digital a la Administración, Leyes de Transparencia y Buen Gobierno), y sabía perfectamente que no estaba reclamando algo a lo que no tuviera derecho. Directamente salí de allí para entrevistarme con la inspectora de educación que había resuelto la consulta, y la misma me dijo que lo único que ella sabía era que una Orden del Gobierno de la Rioja era la que ponía los precios. Le indiqué que no quería fotocopias, que lo quería digital, y me dijo que no había problema, que me daban una copia digital en DVD pagando una tasa de 40 euros. Me negué en redondo y le informé que la ley de transparencia decía que tenía derecho a que me lo comunicaran por medios electrónicos, y ella me dijo (supongo que por desconocimiento) que dicha ley no estipulaba que la información tuviera que ser gratuita, y que pusiera un escrito si así consideraba oportuno. Una semana después, mientras preparaba el escrito, me llamó dicha inspectora, con la que me reuní en la oficina del centro escolar de mis hijas. Allí me informó de que había consultado a los servicios jurídicos del Gobierno de La Rioja, … , y que le habían dicho que la información que solicité era pública y que por supuesto tenía derecho a acceder a la misma de forma gratuita, por lo que instruyó al secretario del colegio para que en próximos días me grabara dicha información en un lápiz de memoria. Le expresé mi preocupación por la situación de otros padres, en otros centros escolares, a los que igualmente se les había denegado esta información en formato digital, contestándome ella que ya había advertido a su superior de esta situación, y de que irían publicitando en las páginas web de los colegios las PGAs para consulta de los padres. A los dos días me llamó uno de los padres afectados, contándome que le habían llamado del colegio de su hija para informarle de que las actividades escolares ya estaban publicadas en la web del colegio (pero no la PGA, que aún estamos esperando).
Esta última cuestión, a pesar de ser otro obstáculo, posiblemente no sea tanto por la mala fe de la Administración, como desconocimiento de la ley por parte de la inspectora, debido principalmente a que la Administración no se ha puesto al día en la Ley de Transparencia que data del año 2014. No obstante a nuestra conversación, ella misma intentó informarse mejor, y corrigió su error.”